El Gobierno sube la luz un 7 por ciento en abril y reduce los costes del sistema eléctrico
El Ejecutivo ha optado por repartir el ajuste entre consumidores, empresas y administración. Se aumentarán los ingresos del sistema en el entorno de 1.400 millones de euros mediante una subida de tarifas moderada y se reducirán los costes del sistema en unos 1.700 millones.
Por redacción - 02/04/2012
De izda. a dcha.: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz, y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste que existe entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista. Así, ha aprobado un Real Decreto Ley cuyo objetivo, por un lado, es reducir los costes delsistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones. La reducción de costes se repartirá entre los diferentes agentes del sistema, y afectará a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad.
Paralelamente, se aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema. Para los consumidores domésticos, la tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7 por ciento. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, pymes, y sectores industrial medio y gran industrial supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.
Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros.
Desde el Gobierno explican que estas medidas de ajuste aprobadas buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas para recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.
RECORTE DE COSTES EN DISTRIBUCIÓNSe reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno, lo que permitirá una reducción de costes de unos 700 millones de euros. Se retribuye, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente.
Para la reducción de costes del sistema, se emplearán unos 60 millones de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y unos 600 millones remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), según estimaciones.
Además, el Gobierno incentivará la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros.
Otro aspecto a destacar es que el RD de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbónnacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida en alrededor de 50 millones de euros.
Por su parte, la actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes, se modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013.
TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVASEl RD-L también incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los contenidos de directivas europeas en materia de energía con plazo de incorporación vencido.
Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.
Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el sector eléctrico, contemplando, entre otros, el acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados los costes del servicio, así como a la información relativa a las vía de solución de conflictos. Se dispone asimismo que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía eléctrica, y se hace referencia a la pobreza energética.
Directiva 2009/073/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro. Se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores e introduce la referencia al consumidor vulnerable.
La Directiva 2009/028/CE es relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Su transposición ya se había realizado, casi íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos de penetración de energías renovables contemplados en la Directiva.
Paralelamente, se aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema. Para los consumidores domésticos, la tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7 por ciento. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, pymes, y sectores industrial medio y gran industrial supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.
Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros.
Desde el Gobierno explican que estas medidas de ajuste aprobadas buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas para recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.
RECORTE DE COSTES EN DISTRIBUCIÓNSe reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno, lo que permitirá una reducción de costes de unos 700 millones de euros. Se retribuye, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente.
Para la reducción de costes del sistema, se emplearán unos 60 millones de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y unos 600 millones remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), según estimaciones.
Además, el Gobierno incentivará la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros.
Otro aspecto a destacar es que el RD de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbónnacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida en alrededor de 50 millones de euros.
Por su parte, la actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes, se modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013.
TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVASEl RD-L también incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los contenidos de directivas europeas en materia de energía con plazo de incorporación vencido.
Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.
Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el sector eléctrico, contemplando, entre otros, el acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados los costes del servicio, así como a la información relativa a las vía de solución de conflictos. Se dispone asimismo que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía eléctrica, y se hace referencia a la pobreza energética.
Directiva 2009/073/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro. Se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores e introduce la referencia al consumidor vulnerable.
La Directiva 2009/028/CE es relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Su transposición ya se había realizado, casi íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos de penetración de energías renovables contemplados en la Directiva.
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